La Fiscalía General de la Nación acusó a Ottomar José Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres Bayona y Juan José Laverde Martínez por las maniobras ilícitas detectadas en el millonario contrato suscrito entre Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el cual tenía como finalidad llevar internet a las escuelas rurales de Colombia.
De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, el empresario Ottomar José Lascarro Torres y el corredor de seguros Juan José Laverde Martínez serían responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado; mientras que Juan Carlos Cáceres Bayona estaría involucrado en el delito de peculado por apropiación.
Laverde Martínez habría servido como intermediario para que Lascarro Torres prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia para quedarse con el contrato y así lograr que funcionarios del MinTic expidieran la resolución de adjudicación de este y avalaran el giro de un anticipo por 70 mil millones de pesos.
Según las evidencias de la Fiscalía, estos dineros fueron destinados a asuntos que no correspondían al objeto del contrato.
«9.062 millones de pesos, al parecer, fueron destinados por Cáceres Bayona para comprar inmuebles, vehículos y préstamos a terceros; mientras que 300.000 dólares, presuntamente, los usó Emilio Tapia Aldana para cubrir el pago de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez», informó la Fiscalía en su página web.
